Una parte importante de la accidentalidad laboral grave se debe a la utilización por parte de las personas trabajadoras de equipos de trabajo.

Por lo que respecta a la normativa, según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, se considera «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

Con demasiada frecuencia se observan equipos de trabajo con los dispositivos de seguridad (protecciones, separadores, sensores…) manipulados, desmontados o que no funcionan, sin que ninguno de los actores principales en la seguridad laboral (empresas y personas trabajadoras) dé la importancia que esto supone frente al riesgo de accidente laboral. Hay que tener presente que si los equipos de trabajo disponen de dispositivos de seguridad se debe a que se reconoce un riesgo en su utilización.

La importancia de los dispositivos de seguridad en los equipos de trabajo

El hecho de que una empresa disponga de viejos equipos de trabajo sin protecciones por no disponer de ellos en el momento de su adquisición, no es eximente para no adecuarlo a la normativa actual.

A nivel normativo, el Real Decreto 1215/97 marca las disposiciones mínimas de seguridad y salud por la utilización de los equipos de trabajo utilizados por las personas trabajadoras. En el artículo 3.1, este Real Decreto (que prácticamente está calcado en el Art.17.1 de la Ley 91/95 de Prevención de Riesgos Laborales), se comenta lo siguiente:

Artículo 3. Obligaciones generales del empresario.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.

Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo.

Por otra parte, en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 29, puntos 2.3 y 2.4, donde se relacionan las obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva, dice:

3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

De esta normativa se deriva la obligación compartida por empresas y personas trabajadoras de disponer de los equipos de trabajo en óptimas condiciones de seguridad que se deriven de los riesgos de su utilización.

Atrapamientos, quemaduras, proyección de partículas, electrocuciones y cortes son algunos de los riesgos a los que se expone un operario de maquinaria, ya que los equipos de trabajo suelen presentar partes móviles en su zona operativa.

El menosprecio del riesgo viene debido a la percepción del riesgo, entendiendo como percepción del riesgo «la habilidad de detectar, identificar y reaccionar ante una situación de potencial daño que dependería de diversos factores como la edad, nivel de formación, experiencia en el puesto de trabajo o la no accidentalidad sufrida».

Por tanto, en una misma situación, dos personas trabajadoras pueden percibir la situación de riesgo de diferente manera. Hablamos de personas trabajadoras, porque con demasiada frecuencia -aunque disponer de equipos de trabajo en buenas condiciones de seguridad es responsabilidad de la empresa- son ellos los que desmontan, anulan o manipulan los dispositivos de seguridad, o bien, perciben una anomalía de funcionamiento o avería y no la comunican a la empresa para su reparación, aunque hay empresas que también continúan.

Esto genera situaciones de riesgo y la no accidentalidad da la falsa sensación de que las cosas se hacen correctamente, hasta que un procedimiento erróneo se materializa en un accidente laboral.

Buenas prácticas para garantizar la seguridad laboral

Buscar la máxima producción (tanto por parte de empresarios como de las personas trabajadoras) no puede comportar la alteración de la seguridad. En muchas ocasiones, una correcta organización del proceso productivo consigue lo mismo sin poner en peligro la seguridad de las personas trabajadoras.

Aquí es donde la empresa, responsable legal de la seguridad laboral, debería actuar con sensibilización del personal, revisión de la organización de su proceso productivo, control de la no manipulación de los dispositivos de seguridad, advertencias al personal que los manipulen y sanciones al personal reincidente.

Para garantizar la seguridad en el uso de los equipos de trabajo, habría que tener presentes los siguientes puntos:

• Formación del personal en la utilización segura de los equipos de trabajo
• Actualización periódica de esta formación o cuando se adquiera maquinaria nueva
• Evaluar los equipos de trabajo en lo que respecta a los riesgos en su utilización y disposición de las protecciones necesarias
• Entrega de los Equipos de Protección Individual necesarios al personal en función de los riesgos evaluados en cada equipo de trabajo y control de su uso
• Organización del trabajo para evitar alteraciones de seguridad
• Disposición de Procedimientos de Trabajo Seguro que debe conocer el personal, en función de la operativa de cada equipo
• Revisar que los equipos dispongan de la señalización de seguridad (prohibición, advertencia y obligación)
• Supervisión y control continuo de la no manipulación o alteración de los dispositivos de seguridad
• Mantenimiento periódico del correcto funcionamiento de los equipos y sus dispositivos de seguridad

Un accidente con una máquina casi siempre representa lesión física -que puede ser grave- lo que conlleva baja y, por tanto, pérdida de productividad por parte de la empresa o retraso en entregas de productos o servicios, lo que estropea la imagen de la empresa. Esto sin tener en cuenta el posible aumento de costes derivados de la accidentalidad.

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